Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fueron señalados por presuntamente desviar más de 3 mil millones de pesos, por lo que la Fiscalía Gerneral de la República (FGR) solicitó una “ficha roja” a la Oanización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) para lograr su captura y a casi dos semanas de que trascendió esta información, un juez federal ordenó la detención de 10 implicados.
Unos días después de que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, otorgara la orden de captura contra el matrimonio por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, un juez federal giró una orden de aprehensión contra 10 personas más, quienes estarían relacionados con el delito.
De acuerdo con los primeros reportes, en la orden de captura se encuentra Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Además de Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, quien es considerado como el principal prestanombres de Álvarez Puga.
En la lista también aparece Paulo Uribe, ex director General de Administración, quien es uno de los 20 funcionarios y ex mandos del OADPRS que están citados el 18 de octubre a una audiencia en la que serán imputados por el caso de un presunto sobreprecio de servicios privados en los penales federales.
Según algunos funcionarios del gobierno federal, la orden de aprehensión fue girada por Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México y la orden de captura también incluye nombres de los siguientes ex servidores públicos:
Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS y Jesús Gabriel Pérez, ex director general de Desarrollo Tecnológico.
Así mismo, Emmanuel Castillo Ruiz, ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS, Yareli Eunice Delgado, José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras.
Según funcionarios, la FGR presume que a través de empresas factureras bajo el control de Álvarez Puga se desviaron más de 3 mil millones de pesos, tras la adquisición de diversos contratos para equipar los diversos penales federales y los involucrados habrían cometido delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; es decir que una vez detenidos tendrán que ser ingresados a distintos penales.
Inés Gómez Mont se amparó
El pasado 26 de agosto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó un amparo otorgado a la presentadora de televisión, quien solicitó protección para que no se ejerza acción penal en su contra, esto con motivo de su declaración de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, donde ella informó al SAT haber obtenido ingresos acumulables por la cantidad de 39 millones 518 mil pesos.
Inés Gómez Mont señaló que tanto personas morales como una física, le retuvieron, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), la cantidad de 13 millones 572 mil 444 pesos. Por lo que, la cantidad que efectivamente recibió de dichas personas fue de 25 millones 945 mil 726 pesos.
